Sara Rocha propone fortalecer la protección y acompañamiento para víctimas de delitos en San Luis Potosí

La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa para actualizar la Ley de Atención a Víctimas de San Luis Potosí y ampliar las garantías de acceso a la justicia, inclusión y protección especializada.

La diputada Ma. Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de acompañamiento, asesoría jurídica especializada y atención integral para quienes enfrentan las consecuencias de un delito. La propuesta busca incorporar mayores herramientas institucionales para garantizar procesos con enfoque humano, así como mejorar la protección de personas en condiciones de vulnerabilidad, entre ellas integrantes de pueblos y comunidades indígenas, población afromexicana y víctimas de violencia de género.

En ese sentido, la iniciativa plantea armonizar la legislación estatal con los principios establecidos en la Ley General de Víctimas, particularmente en materia de acceso efectivo a la justicia, debida diligencia y atención diferenciada. Entre los cambios propuestos se contempla reconocer de manera expresa el feminicidio dentro de los supuestos que requieren esquemas prioritarios de protección estatal, con la finalidad de fortalecer la respuesta institucional frente a las agresiones contra mujeres, adolescentes y niñas, además de avanzar en el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Asimismo, la propuesta incorpora medidas orientadas a reducir la revictimización y garantizar una atención más adecuada para quienes atraviesan procesos derivados de hechos delictivos. La defensa de México requiere instituciones que protejan la dignidad de las personas, fortalezcan el acceso a la justicia y generen condiciones de igualdad para todos los sectores de la población, especialmente para quienes enfrentan mayores obstáculos para hacer valer sus derechos ante las autoridades.

A partir de esta iniciativa, se busca establecer nuevas garantías como el acceso a traductores e intérpretes considerando condiciones de discapacidad, nacionalidad o necesidades específicas de comunicación, además de reconocer el derecho a contar con un periodo de espera y estabilización física y emocional antes de rendir declaraciones ante autoridades ministeriales o judiciales. Con ello, se pretende que los procedimientos institucionales incorporen una perspectiva más sensible y acorde con estándares internacionales de atención a víctimas.