El organismo señaló que la crisis hídrica no solo depende de la falta de agua, sino también de cómo se distribuye y quién tiene prioridad en su acceso.

El Consejo Hídrico Estatal advirtió que en San Luis Potosí persisten desigualdades importantes en la distribución del agua, situación que se ha agravado en medio del contexto de crisis hídrica que enfrenta la entidad. A través de un posicionamiento, el organismo sostuvo que el debate sobre este recurso debe enfocarse no solo en su disponibilidad, sino también en las condiciones bajo las cuales se reparte y en los sectores que quedan excluidos del acceso.

El organismo destacó la necesidad de incorporar el concepto de “justicia hídrica” dentro de la gobernanza del agua, al considerar que este recurso debe entenderse como un derecho humano y un bien común, y no únicamente como una mercancía. Bajo esta visión, señalaron que el acceso al agua tendría que garantizarse de manera equitativa, democrática y sostenible para toda la población.

El Consejo explicó que las diferencias en el acceso al agua no son producto únicamente de factores naturales, sino de decisiones políticas, económicas y territoriales que durante años han favorecido a ciertos sectores, como el industrial, inmobiliario y algunas zonas urbanas consolidadas. Mientras tanto, comunidades rurales, pueblos originarios y zonas periurbanas continúan enfrentando problemas relacionados con escasez, mala calidad del agua y suministro irregular.

Asimismo, el organismo advirtió que esta situación ha generado procesos de concentración del recurso en manos de actores con mayor capacidad económica y política, fenómeno que identificaron como acumulación y despojo hídrico. Indicaron que una transformación real de la gestión del agua no depende solamente de ampliar infraestructura o buscar nuevas fuentes de abastecimiento, sino también de cambiar las reglas bajo las cuales se toman decisiones sobre concesiones y distribución.

Entre las propuestas planteadas por el Consejo Hídrico Estatal se encuentra priorizar el consumo humano y la protección de ecosistemas, impulsar mecanismos efectivos de participación ciudadana, reconocer sistemas comunitarios de gestión del agua y fortalecer la transparencia en las decisiones relacionadas con el recurso.

Finalmente, el organismo consideró que avanzar hacia una justicia hídrica implica replantear el modelo de desarrollo y la planeación urbana, con el objetivo de construir un sistema más incluyente donde el acceso al agua deje de verse como un privilegio y sea garantizado como un derecho para toda la población.

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