La iniciativa contempla penas de hasta cuatro años de prisión para quienes oculten ingresos, den información falsa o evadan el pago de pensión alimenticia.

El Congreso del Estado de San Luis Potosí analiza una reforma al Código Penal que busca endurecer las sanciones contra deudores alimentarios que recurran a engaños o maniobras para evitar el cumplimiento de sus obligaciones económicas.

La propuesta contempla aumentar las penas actuales, pasando de un rango de seis meses a tres años de prisión, hasta castigos que podrían alcanzar entre uno y cuatro años de cárcel para quienes oculten ingresos, proporcionen datos falsos o escondan información relevante ante las autoridades.

De acuerdo con la iniciativa presentada en el Poder Legislativo estatal, el objetivo es combatir prácticas detectadas con frecuencia en procesos judiciales relacionados con pensiones alimenticias, donde algunos progenitores presuntamente simulan insolvencia económica o alteran sus ingresos reales para reducir o evitar pagos.

La reforma plantea modificar el artículo 202 del Código Penal del Estado para sancionar de manera específica a quienes engañen deliberadamente a jueces y autoridades durante los procedimientos legales.

Según lo expuesto en la iniciativa, actualmente la legislación ya contempla sanciones por incumplimiento de pago o simulación de insolvencia; sin embargo, se considera que existen vacíos legales respecto a las estrategias utilizadas para ocultar información desde el inicio de los juicios.

El planteamiento también señala que el incumplimiento de pensiones alimenticias afecta directamente el bienestar de menores de edad, personas con discapacidad y adultos mayores que dependen económicamente de estos recursos para subsistir.

Además del aumento en penas de prisión, la iniciativa busca actualizar conceptos legales y armonizar la normativa penal con el Código Familiar de San Luis Potosí, con el fin de evitar interpretaciones ambiguas y fortalecer la protección jurídica de las víctimas.

La propuesta todavía deberá continuar su proceso legislativo dentro del Congreso local antes de una posible aprobación y entrada en vigor.

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