Taxistas podrían perder concesiones tras disturbios en el Centro Histórico

Autoridades de San Luis Potosí advierten sanciones y posibles denuncias penales tras agresiones en plena zona turística.

Luego de los disturbios protagonizados por un grupo de taxistas en la Plaza de Los Fundadores, en el Centro Histórico de San Luis Potosí, autoridades estatales advirtieron que los responsables podrían enfrentar consecuencias legales y administrativas severas, incluyendo la cancelación de concesiones.

La titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Araceli Martínez, señaló que estos hechos no quedarán impunes, especialmente por haber afectado a terceros. De acuerdo con la funcionaria, ya se logró identificar tanto a los participantes como a las unidades involucradas, lo que permitirá avanzar en los procedimientos correspondientes.

Uno de los puntos más delicados del caso es que algunas de las personas afectadas —presuntamente conductores de plataformas digitales— ya preparan denuncias ante la Fiscalía General del Estado por el delito de privación ilegal de la libertad. De confirmarse estos señalamientos, el caso podría escalar a procesos penales contra los involucrados.

Además de las posibles sanciones judiciales, la dependencia estatal analiza abrir procedimientos administrativos que podrían derivar en la revocación de hasta cinco concesiones de transporte público. Estas medidas buscan enviar un mensaje claro sobre la regulación del sector y evitar que este tipo de conflictos se repitan.

Las autoridades también destacaron que el grupo involucrado —conformado por al menos 15 taxistas— ya había sido identificado en administraciones anteriores por conductas similares, lo que refuerza la decisión de actuar con firmeza en esta ocasión.

El incidente pone nuevamente sobre la mesa la tensión existente entre taxistas tradicionales y conductores de plataformas digitales, un conflicto que en distintas ciudades del país ha escalado en ocasiones a confrontaciones directas.

Finalmente, Araceli Martínez subrayó que no se permitirá el uso de la violencia como mecanismo para resolver disputas dentro del gremio, reiterando que el respeto a la ley y al orden público será prioritario para las autoridades estatales.