El Análisis del Partido Advierte que la Iniciativa Despoja de Derechos Históricos al Campo Mexicano e Impone Multas Millonarias y Penas de Cárcel a Productores

La dirigencia del PRI San Luis Potosí ofreció una conferencia de prensa hoy para presentar un análisis amplio y sólido sobre la iniciativa de la Ley de Aguas impulsada por Morena, advirtiendo que su contenido constituye una grave amenaza para el campo y la economía de todo México. El partido denunció que el verdadero objetivo detrás de esta propuesta es un intento del oficialismo por controlar la totalidad del recurso hídrico en el país, centralizando las decisiones en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y despojando a los productores agrícolas de sus derechos adquiridos a lo largo de décadas.

El principal punto de conflicto de la nueva Ley, y la razón por la que el PRI SLP la considera incorrecta, es que busca separar el derecho de la concesión de agua de la propiedad de la tierra. La Ley prohíbe que los productores y las comunidades transfieran sus concesiones entre particulares, obligando a que estas regresen al Estado para su reasignación. Esto afecta directamente a los campesinos y agricultores, ya que, sin el permiso de uso del agua asociado a sus terrenos, el valor de su propiedad se devalúa casi de un día para otro, poniendo en riesgo el patrimonio familiar acumulado durante generaciones.

El análisis del PRI SLP también enfatizó el carácter punitivo y recaudatorio de la iniciativa. La Ley no solo centraliza el control, sino que criminaliza a los productores al convertir faltas que antes eran administrativas en delitos hídricos que pueden llevar a penas de hasta 12 años de cárcel y multas que alcanzan los 7 millones de pesos. Esta imposición de sanciones severas, sin mecanismos claros de defensa ni respeto por los derechos históricos del campo, subraya el afán de control del gobierno federal sobre un recurso esencial para la vida y la producción.

La afectación de la Ley se extiende a todo México, pues el sector agrícola consume aproximadamente el 76% del agua del país, siendo el garante de la soberanía alimentaria. Al crear incertidumbre jurídica sobre las concesiones y al imponer trabas burocráticas a los productores, la Ley pone en riesgo la producción de alimentos y la estabilidad económica de millones de familias, tal como lo han señalado organizaciones agrícolas que ya han protestado en diversos estados.

Finalmente, el PRI San Luis Potosí concluyó que la posición del partido es defender los derechos históricos del campo y evitar que el patrimonio de los campesinos sea arrebatado por una burocracia lejana. El PRI continuará alzando la voz para impedir que la nueva Ley General de Aguas, impulsada por Morena, se apruebe sin modificar sus aspectos más regresivos que buscan el control total y la criminalización de los productores que trabajan para alimentar a México.

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