Sara Rocha exige ante autoridades electorales cancelar registro de Morena

Sara Rocha sostuvo que los partidos políticos deben actuar con apego a la ley y responder con transparencia ante señalamientos relacionados con vínculos criminales.

Representantes del PRI en San Luis Potosí acudieron al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y a las oficinas del INE para presentar una exigencia formal relacionada con la cancelación del registro de Morena como partido político. Sara Rocha encabezó el posicionamiento acompañada por el delegado Hugo Contreras Zepeda, la diputada Frinné Azuara Yarzábal, así como integrantes de sectores y organizaciones priistas que respaldaron la solicitud presentada ante las autoridades electorales.

Durante el acto, Sara Rocha afirmó que México necesita instituciones políticas comprometidas con el respeto a la ley y con plena responsabilidad frente a cualquier señalamiento relacionado con vínculos criminales. La dirigente priista sostuvo que los partidos políticos deben mantener conductas transparentes y actuar con apego a los principios democráticos, especialmente en un contexto nacional marcado por preocupaciones crecientes en materia de seguridad, violencia e infiltración del crimen organizado en distintos espacios públicos.

Además, la presidenta estatal del PRI señaló que la ciudadanía demanda acciones firmes contra cualquier estructura política señalada por proteger intereses ilícitos o generar condiciones de impunidad. Sara Rocha indicó que fortalecer el Estado de derecho implica garantizar investigaciones transparentes y aplicar la ley sin excepciones, particularmente cuando existen cuestionamientos públicos relacionados con presuntas complicidades entre actores políticos y grupos vinculados a actividades criminales.

Finalmente, Sara Rocha reiteró que desde el PRI continuará impulsando posicionamientos enfocados en legalidad, justicia y combate a la impunidad. La dirigente afirmó que cualquier persona o grupo con nexos comprobados con organizaciones delictivas debe enfrentar consecuencias legales sin privilegios políticos, al considerar que recuperar la confianza ciudadana requiere instituciones sólidas, partidos responsables y autoridades capaces de actuar con firmeza frente al crimen organizado.