Tribunal ordena al Congreso de San Luis Potosí regular la revocación de mandato

La autoridad electoral determinó que existe una omisión legislativa desde 2019 al no incorporar este derecho en la Constitución estatal.

El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí ordenó al Congreso local incorporar en la Constitución estatal el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo, luego de determinar que existe una omisión legislativa que permanece desde el año 2019.

La resolución fue emitida dentro del expediente TCLP-JDC-08-2026, promovido por una integrante del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, quien denunció la falta de armonización de la legislación estatal con la reforma constitucional federal relacionada con consulta popular y revocación de mandato.

Durante la sesión pública celebrada este 12 de mayo, el tribunal explicó que el proyecto aprobado proponía declarar existente la omisión atribuida al Congreso del Estado por no garantizar en la Constitución local el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato.

Las autoridades electorales recordaron que el decreto federal publicado el 20 de diciembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación reconoció este mecanismo como un derecho fundamental de participación política y otorgó a los congresos estatales un plazo de 18 meses para adecuar sus constituciones.

Sin embargo, el tribunal concluyó que el Congreso de San Luis Potosí no cumplió con dicha obligación constitucional, debido a que hasta la fecha no se ha incorporado este derecho dentro de la legislación estatal.

La resolución también señala que esta omisión afecta los derechos de participación política de la ciudadanía, ya que impide ejercer plenamente mecanismos de democracia participativa contemplados a nivel federal.

El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos y establece que el Congreso local deberá cumplir con la armonización constitucional correspondiente en un plazo máximo de 180 días.

Con esta determinación, el Tribunal Electoral busca que San Luis Potosí actualice su marco constitucional para garantizar el acceso ciudadano a mecanismos de participación democrática reconocidos en la legislación federal desde hace varios años.