La diputada Sara Rocha propone reconocer el derecho a la inclusión digital y establecer obligaciones para modernizar la administración pública En un contexto donde la eficiencia gubernamental y la transparencia se han vuelto demandas centrales de la ciudadanía, Sara Rocha ha presentado una iniciativa de reforma constitucional orientada a transformar la manera en que se realizan los trámites administrativos. La propuesta plantea modificar el artículo octavo de la Constitución Política del Estado para incorporar el derecho a la inclusión digital y establecer la obligación del Estado de impulsar herramientas tecnológicas que fortalezcan la competitividad y el desarrollo económico. El planteamiento legislativo parte de un diagnóstico claro: la complejidad burocrática ha generado espacios propicios para prácticas irregulares que afectan directamente a la ciudadanía. En ese sentido, Sara Rocha advierte que los procesos largos, poco claros y con múltiples intermediaciones no solo retrasan la atención, sino que también abren la puerta a conductas fuera de la ley que deterioran la confianza en las instituciones públicas. Dentro de la iniciativa, se establece que las autoridades estatales y municipales, en coordinación con la Federación, deberán implementar políticas públicas enfocadas en la simplificación administrativa y la digitalización de trámites y servicios. Este enfoque busca homologar procesos, reducir tiempos de respuesta y mejorar la calidad de atención, con el objetivo de generar un entorno más eficiente y accesible para la población. La propuesta también pone sobre la mesa la relación directa entre burocracia y desarrollo económico. Sara Rocha señala que la falta de eficiencia en los trámites puede desincentivar la inversión, retrasar la apertura de nuevas empresas y limitar la generación de empleos. Bajo esta lógica, la modernización administrativa no solo es un tema técnico, sino un elemento clave para dinamizar la economía y fortalecer la competitividad regional. Otro de los ejes centrales de la iniciativa es el uso de tecnologías para reducir la interacción directa en ciertos procesos administrativos. La digitalización permitiría disminuir los puntos de contacto donde pueden generarse actos de corrupción, al tiempo que facilitaría el acceso a servicios de manera más ágil y transparente. Este enfoque plantea una transformación gradual que requiere tanto infraestructura como capacitación del personal público. En ese sentido, Sara Rocha también reconoce que uno de los principales retos será fortalecer las capacidades tecnológicas dentro de las instituciones. La coordinación entre distintos niveles de gobierno y la formación de servidores públicos en herramientas digitales serán elementos fundamentales para garantizar que la implementación de estas políticas sea efectiva y sostenible en el tiempo. Finalmente, la iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis, busca abrir una discusión más amplia sobre el papel del Estado en la modernización administrativa. La propuesta de Sara Rocha coloca en el centro la necesidad de construir instituciones más eficientes, transparentes y cercanas a la ciudadanía, donde la tecnología se convierta en un aliado para fortalecer la confianza pública y mejorar la calidad de los servicios gubernamentales. Navegación de entradas Alejandro Moreno afirma que presión ciudadana en Sinaloa provocó salida del morenista Rubén Rocha PRI San Luis Potosí refuerza su organización territorial con encuentro encabezado por José Luis Villalobos